El Procurador General Ken Paxton elogió la determinación de un tribunal de distrito del Condado de Bexar de detener la implementación de la ordenanza ilegal de pago por días de enfermedad de la ciudad de San Antonio.

El tribunal determinó que la ordenanza de licencia por enfermedad de San Antonio probablemente entra en conflicto tanto con la Ley de Salario Mínimo de Texas como con la Constitución de Texas, que prohíben a los municipios promulgar cualquier ordenanza que gobierne los salarios. En consecuencia, el tribunal impidió que la ordenanza entrara en vigor.

"Nuestro estado es el hogar de millones de personas trabajadoras y damos la bienvenida a los creadores de empleo con los brazos abiertos. Tenemos una de las economías más fuertes de los Estados Unidos, y es nuestro trabajo mantener esa prosperidad", dijo el Procurador General Paxton. "Los tejanos merecen la oportunidad de trabajar en todo nuestro estado. Es precisamente por eso que la Constitución de Texas prohíbe a las ciudades ignorar la voluntad de los votantes, y por lo que sigo luchando para asegurar que los votantes tengan la última palabra".

San Antonio ha admitido previamente en la corte que su ordenanza de licencia por enfermedad fue sorprendentemente similar a la ordenanza de Austin eliminada en noviembre de 2018 sobre la base de que la ordenanza violó la Constitución de Texas y la ley de Texas. El Procurador General Paxton intervino en las demandas de Austin y San Antonio.

Estas doce organizaciones empresariales participan en la demanda a la ciudad de San Antonio para evitar que su regla de licencia por enfermedad pagada entre en vigor: Associated Builders & Contractors of South Texas Inc.; Asociación Americana de Personal; BBM-Online LLC; Burnett Companies Consolidated Inc.; Cardinal Senior Care LLC; Choice Staffing LLC; Employers Solutions Inc.; Hawkins Associates Inc.; LeadingEdge  Personnel Ltd; Staff Force Inc.; Asociación de Fabricantes de San Antonio; y la Asociación de Restaurantes de San Antonio. Texas intervino en la demanda por parte de los demandantes para oponerse a la ordenanza y proteger la aplicación uniforme de las leyes de empleo en todo el Estado.