Virginia podría eliminar a los no ciudadanos de sus listas de votantes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos concedió una suspensión de la orden judicial de un tribunal inferior. El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a los procuradores generales de 25 estados para presentar un escrito amicus en apoyo de la autoridad de Virginia para eliminar a los no ciudadanos y asegurar sus elecciones.
El 11 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una acción legal para impedir que Virginia eliminara a los autoidentificados no ciudadanos de las listas de votantes del estado. Los no ciudadanos no son elegibles para votar en las elecciones estadounidenses, y es un delito federal que se registren para votar o intenten votar. El 25 de octubre, un juez federal prohibió preliminarmente a Virginia expulsar a estos no ciudadanos registrados ilegalmente.
El escrito multiestatal argumentó que la orden judicial preliminar debilita la autoridad constitucional de los estados para determinar las calificaciones de los votantes y garantizar la integridad de las elecciones al garantizar que solo voten los ciudadanos estadounidenses elegibles. La acción legal del gobierno federal interfiere con las obligaciones soberanas de los estados para determinar la elegibilidad de los votantes y administrar las elecciones. El Procurador General Paxton y los procuradores generales firmantes instaron a la Corte Suprema a revocar la orden judicial y permitir que Virginia administre las listas de votantes de manera adecuada para evitar que los no ciudadanos influyan en las elecciones estadounidenses.
Ahora, la Corte Suprema ha concedido la solicitud de suspensión de Virginia, bloqueando la orden judicial del tribunal inferior y permitiendo a Virginia eliminar a los autoidentificados no ciudadanos.
"La Administración Biden-Harris tomó acción legal contra Virginia para obligarlos a volver a incluir a los no ciudadanos en las listas de votantes mientras las elecciones ya están en marcha. No solo es un delito federal que los no ciudadanos voten, sino que incluso se registren para votar en primer lugar", dijo el Procurador General Paxton. "La intromisión legal de la Administración Biden-Harris fue irresponsable, imprudente y política. Los estados tienen el deber constitucional de impedir que los no ciudadanos voten. La Corte Suprema hizo lo correcto".
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