El Procurador General de Texas Ken Paxton se ha unido a una coalición liderada por Louisiana para oponerse firmemente a la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2022 y enviar una carta al Senador Chuck Schumer y al Senador Mitch McConnell expresando las razones de dicha oposición.

La Ley permitiría a la Administración Biden, en gran parte a través de la Comisión Federal Reguladora de Energía (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), pasar por alto los derechos de los estados al promover una agenda energética radicalmente poco práctica, todo mientras obliga a los contribuyentes a pagar la factura. Esto se haría de tres maneras fundamentales y extremadamente peligrosas.  

Primero, otorgaría una autoridad sin precedentes tanto a las empresas privadas como a la FERC para usar el derecho de expropiación para apoderarse de grandes franjas de tierras estatales y privadas para promover proyectos energéticos elegidos a mano por la Administración Biden. En segundo lugar, probablemente le daría a FERC la capacidad de ordenar a las empresas privadas que construyan nuevas y extremadamente costosas instalaciones de transmisión donde y cuando FERC lo determine, siempre y cuando la Administración Biden considere que es de "interés nacional". Finalmente, otorgaría a FERC la autoridad para infligir nuevos costos a los contribuyentes para pagar costosas instalaciones de transmisión que promuevan la agenda climática radical de la Administración Biden, incluso si el contribuyente está al otro lado del país y no tendría acceso a ninguna energía limitada que se pueda crear.  

El Congreso se apresura a avanzar con este proyecto de ley sin dar al pueblo estadounidense o a sus funcionarios electos el tiempo adecuado necesario para considerar plenamente tales cambios radicales. Está claro que un rechazo completo de este proyecto de ley es necesario para promover los derechos de los estados y la energía estadounidense. 

"Si se promulgan, estas políticas desacertadas en efecto crearán sustancialmente las mismas políticas que el ilegal y rechazado Plan de Energía Limpia", dice la carta. "Ciertos estados y empresas favorecidos por la administración actual y la actual mayoría de la FERC estarán facultados para distorsionar la política de recursos y energía de otros estados, tomar tierras estatales y privadas para construir infraestructura en cumplimiento de estos planes y obligar a los ciudadanos que no adoptaron estas políticas en sus estados a pagar la factura de todo".

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