El Procurador General de Texas Ken Paxton se ha unido a un escrito de amicus curiae solicitando a la Corte Suprema de los Estados Unidos que escuche CFPB v. CFSAA (Caso No. 22-448), que tiene importantes implicaciones constitucionales y el potencial de controlar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) que no rinde cuentas a nadie y está fuera de control.
La CFPB es una entidad en gran medida autónoma que ha impuesto una serie de regulaciones perjudiciales a las empresas estadounidenses. Mientras la constitucionalidad de la CFPB ha sido impugnada en varios frentes, la naturaleza de este caso gira en torno al mecanismo de financiamiento de la entidad. CFPB no se financia a través del proceso de asignaciones del Congreso. En cambio, deriva su financiación de la Reserva Federal y puede recibir hasta el 12% de los gastos operativos anuales de la Reserva Federal, que asciende a varios miles de millones de dólares.
Esta estructura de financiamiento permite que la CFPB actúe como un regulador que no rinde cuentas a nadie de una manera que viola la Cláusula de Asignaciones de la Constitución de los Estados Unidos que reserva al Congreso el control sobre dónde y cómo se gastan los fondos de los contribuyentes. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, falló recientemente como tal, pero el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del DC fue en sentido contrario, estableciendo una división del circuito. La Corte Suprema de los Estados Unidos debe escuchar este caso no solo para resolver la división y dar una guía clara al Congreso, los tribunales y los estados, sino también para afirmar la decisión del Quinto Circuito y defender al pueblo estadounidense de los burócratas no electos de Washington.
El informe dice: "[E]l país necesita una respuesta rápida a una pregunta de esta importancia. En temas como estos, los costos preocupantes surgen de dejar que la incertidumbre crezca. Y al igual que la Oficina y los actores privados, los Estados también necesitan claridad. Los Estados, después de todo, han sido tradicionalmente protectores de los mercados financieros de consumo. Necesitan saber qué papel desempeñarán o no los reguladores federales en esta área crítica. El Tribunal . . . debería revitalizar las protecciones de la Cláusula de Apropiaciones, no debilitarlas".
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