El Procurador General de Texas Ken Paxton anunció el arresto de María Margarita Rojas, de 48 años, por practicar abortos ilegales y operar ilegalmente una red de clínicas en el área del noroeste de Houston. Rojas, una partera conocida como "Dra. María", fue detenida en el Condado de Waller y acusada de realizar ilegalmente un aborto, un delito grave de segundo grado, así como de practicar la medicina sin licencia.
"En Texas, la vida es sagrada. Siempre haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los no nacidos, defender las leyes provida de nuestro estado y trabajar para garantizar que las personas sin licencia que ponen en peligro la vida de las mujeres al realizar abortos ilegales sean procesadas por completo", dijo el Procurador General Paxton. "La ley de Texas que protege la vida es clara, y haremos rendir cuentas a aquellos que la violen".
Una extensa investigación realizada por la División de Aplicación de la Ley del Procurador General Paxton reveló que Rojas poseía y operaba varias clínicas bajo los nombres de Clínica Waller Latinoamericana en Waller, Clínica Latinoamericana Telge en Cypress y Latinoamericana Medical Clinic en Spring. Estos centros emplearon ilegalmente a personas sin licencia que se presentaron falsamente como profesionales médicos con licencia para brindar tratamiento médico. Rojas también realizó procedimientos ilegales de aborto en sus clínicas, en violación directa de la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas.
Además del arresto, la División de Cumplimiento del Programa de Atención Médica del Procurador General Paxton solicitó una orden de restricción temporal para cerrar la red de clínicas de Rojas y evitar más actividades ilegales. Según la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas de 2021, el Procurador General de Texas tiene la autoridad para solicitar sanciones civiles de al menos $100,000 por violación por la realización ilegal de un aborto. El Fiscal de Distrito del Condado de Waller Sean Whittmore remitió el caso al Procurador General Paxton para su enjuiciamiento.
La ley de Texas responsabiliza penalmente a los proveedores de abortos, no a los pacientes, por los procedimientos ilegales.