El Procurador General de Texas Ken Paxton apeló una decisión de un juez federal que permite al Presidente Joe Biden y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, continuar destruyendo las barreras fronterizas del estado. Texas había solicitado que la corte prohibiera preliminarmente al gobierno federal cortar, destruir, dañar o interferir de otra manera con la cerca de alambre de concertina de Texas hasta que la corte pueda realizar un juicio final.
En octubre, el Procurador General Paxton presentó una acción legal y una moción de orden judicial preliminar contra el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de la Administración Biden, el Secretario del DHS, Mayorkas, y otras agencias y funcionarios después de que los agentes federales destruyeran el alambre de concertina de Texas y permitieran la entrada de extranjeros a Texas casi a diario durante semanas. Un juez federal otorgó una orden de restricción temporal con carácter de emergencia después de que los agentes federales intensificaran su destrucción del alambre concertina de Texas en la frontera del estado con México pocos días después de que Texas presentara la demanda.
Sin embargo, la decisión de hoy permitirá a la administración Biden reanudar su política de destruir el alambre de concertina de Texas colocado por agentes del orden de Texas para detener el flujo irrestricto de extranjeros que ingresan al estado.
"Estoy decepcionado de que se permita que continúen los esfuerzos indisimulados e inquietantes del gobierno federal para subvertir la ley y el orden en la frontera de nuestro estado con México", dijo el Procurador General Paxton. "La doctrina de Biden de fronteras abiertas a cualquier costo amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos, y continuaremos luchando contra ella en cada paso del camino".
A pesar de denegar la moción de Texas, el tribunal no encontró mérito en los argumentos de la Administración Biden de que la cerca de alambre de Texas interfiere con la capacidad de la Patrulla Fronteriza para realizar sus deberes o abordar emergencias médicas. El tribunal determinó que "[l]a evidencia presentada demuestra ampliamente el fracaso total de los demandados para disuadir, prevenir y detener la entrada ilegal a los Estados Unidos. La [Administración Biden] no puede alegar los deberes legales que tan obviamente son negligentes en hacer cumplir como excusas para perforar los intentos [de Texas] de apuntalar el sistema fallido [de la Administración]. Tampoco pueden solicitar la bendición judicial de prácticas que contravengan directamente esas mismas obligaciones legales y requieran la destrucción de la propiedad [de Texas]. Cualquier justificación que se base en las prácticas ilusorias y potencialmente mortales de 'inspección' y 'aprehensión' [de la Administración Biden], o la falta de ellas, fracasa".
En la apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, la Procuraduría General de Texas y Texas Public Policy Foundation continuarán defendiendo a los texanos de las peligrosas consecuencias de la política de la administración Biden de derribar los elementos disuasorios de la inmigración ilegal.
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