El Procurador General de Texas Ken Paxton envió una carta a los Senadores Ted Cruz y John Cornyn instándolos a apoyar una legislación bipartidista que arreglaría permanentemente una política problemática del IRS que interfiere con la capacidad de los estados para administrar programas de manutención de niños. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó recientemente la Ley de Fortalecimiento de Programas de Manutención de Niños Estatales y Tribales, y una legislación similar está ahora pendiente en el Senado.
En febrero de 2023, el Departamento de Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) emitió una nueva regulación que revirtió abruptamente décadas de interpretación legal establecida con respecto al uso y las definiciones de los contratistas que son contratados por las agencias de manutención de niños del Título IV-D. La nueva política limitó significativamente el acceso de los contratistas a la Información Fiscal Federal (Federal Tax Information, FTI) y el IRS amenazó con retener los datos necesarios para operar estos programas por completo si los estados no cumplían. Esto eliminaría la capacidad de los estados de recibir cobros de manutención de niños a través del Programa de Compensación de Impuestos (Tax Offset Program).
El Procurador General Paxton demandó al IRS en mayo de 2023, lo que finalmente obligó al IRS a retrasar la fecha de vigencia de la política propuesta hasta octubre de 2024 y permitió a los estados presentar planes de mitigación que evitarían cualquier acción de cumplimiento. Aunque el IRS dio marcha atrás, persiste la amenaza de que la política podría revertirse en cualquier momento. Si la política propuesta hubiera entrado en vigor, habría obligado a los programas estatales de manutención de niños a gastar $1,000 millones adicionales en costos operativos adicionales.
En la carta, el Procurador General Paxton dijo: "Aunque la amenaza a las familias de Texas y al programa de manutención de niños de Texas puede mantenerse a raya temporalmente, el hecho es que el IRS ha demostrado una y otra vez que el Congreso debe tomar medidas para aclarar en la ley que los programas IV-D están autorizados a divulgar FTI, con rigurosas protecciones, a los contratistas con el propósito de operar el programa. De lo contrario, los programas y las familias que dependen de ellos para obtener apoyo económico vital están sujetos a los caprichos interpretativos del IRS. Sin una solución legislativa, las estimaciones superan los $1 mil millones anuales en costos adicionales para los programas de manutención de niños en todo el país".
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