El Procurador General de Texas Ken Paxton ha presentado una respuesta a la solicitud de la Administración Biden de que la Corte Suprema de los Estados Unidos (Supreme Court of the United States, SCOTUS) anule una orden judicial actual que protege las barreras de alambre de concertina de Texas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México de ser destruidas por agentes federales.

En octubre de 2023, el Procurador General Paxton tomó acción legal contra la Administración Biden por destruir las cercas de alambre de concertina que Texas había desplegado para reducir la entrada récord de inmigración ilegal. Texas obtuvo rápidamente una orden de restricción de emergencia de una jueza federal que ordenó a los agentes federales que dejaran de hacerlo. Aunque la jueza federal determinó que las acciones de la Administración probablemente eran ilegales, se negó a conceder la reparación solicitada por el Estado. El Procurador General Paxton apeló con éxito ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito y rápidamente obtuvo una suspensión administrativa y, posteriormente, una orden judicial pendiente de apelación para evitar que el gobierno federal continuara con la destrucción de la propiedad de Texas mientras el tribunal consideraba el asunto más a fondo.

En un intento por eludir el típico proceso de apelación, la Administración Biden solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que permitiera inmediatamente a los agentes federales reanudar la destrucción de las barreras de alambre de concertina colocadas por las fuerzas del orden de Texas. El Procurador General Paxton ha respondido a la solicitud, destacando que el Quinto Circuito ya ha acelerado el caso y que el gobierno federal está tratando de cambiar las teorías legales a mitad de camino.

La respuesta también explica: "Los demandados buscan alivio de emergencia pendiente de apelación sin presentar ningún argumento de que no destruyeron la propiedad de Texas, directamente contrario a los principios básicos de la ley de responsabilidad civil de Texas. Esa visión maximalista de la autoridad federal no es nueva: en cada etapa de este litigio, en el tribunal de distrito, en el Quinto Circuito y ahora en este Tribunal, los demandados han reclamado autoridad para destruir la propiedad que pertenece a otra persona basándose en su garantía de que hacerlo es necesario para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Sin embargo, los demandados prácticamente ignoran las conclusiones fácticas del tribunal de distrito que demuestran que la suposición de su argumento es errónea: "Las pruebas presentadas [...] demuestran ampliamente el fracaso absoluto de los demandados para disuadir, prevenir y detener la entrada ilegal a los Estados Unidos'".

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